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A propósito de una nota en el Mercurio online que Iván Salinas compartió en su facebook (http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381303), quisiera hacer un pequeño comentario en este día de lluvia en San Luis, Missouri.

El artículo que más arriba pego adolece de dos características que me parecen reprochables. Por una parte, constituye un ataque con visos propagandísticos a la lucha del pueblo mapuche. Y por otra, hace al lector confundir el derecho a la protesta con una actividad ilegítima.

En cuanto a la propaganda anti-mapuche, el sólo título es una muestra más de cómo los medios han sabido colocar ante la opinión pública los intereses del pueblo indígena como contrarios a los intereses del resto de los chilenos. Que el Estado haga un esfuerzo por reconocer las diferencias que los mapuche reclaman, incluso gastando bastante dinero en compra de tierras, no nos quita realmente la posibilidad de cumplir con el resto de las promesas que toda la población chilena espera hace muchos años. Acá lo que falta es voluntad. Mientras no la haya, ni los mapuche obtendrán lo que ellos firmemente creen necesitan para alcanzar felicidad (tierras, punto), ni los demás chilenos tendremos la vivienda, salud, educación y justicia de calidad que nos merecemos.

La propaganda que usa habitualmente a los pequeños agricultores como símbolo de esta contradicción de intereses, ahora introduce una nueva arista en esta colisión y que me provoca comentar: los mapuche estarían vulnerando los derechos de sus propios niños. Y como los chilenos tendríamos (al menos la gran mayoría lo tiene) interés por protegerlos, en la tesis subyacente, nuevamente esta etnia estaría causándonos daño.

Pero lo cierto es que la asistencia de los niños mapuche a protestas junto a sus padres, no vulnera los derechos de aquéllos, sino todo lo contrario. En primer lugar, todos los chilenos tenemos derecho a protestar según la constitución (no la vamos a poner con mayúsculas al armatoste ése que tenemos). Aunque es un derecho sujeto al límite administrativo de obtener un permiso de la Intendencia, este límite es de aplicación limitada. El derecho a reunión sin permiso previo en lugares que no afecten el derecho de tránsito de los demás se mantiene sin excepciones. Sin embargo, las autoridades, los grupos de poder y los medios, usando estas limitantes han metido el cuco en nuestro corazón ciudadano para hacer ver la protesta como una manifestación ilegal. Un segundo punto importante es que según la misma Convención que la entrevistada cita (la Convención de Derechos del Niño, de la que Chile es parte), los niños tienen derecho a ser escuchados, derecho a reunión y a manifestar su opinión. Incluso, en este sentido la Convención entrega a los niños un derecho sin la limitante de pedir un permiso a la Intendencia que tienen los adultos. Algo que las autoridades han omitido desde las primeras protestas pingüinas en 2001. Finalmente, acá el derecho de los padres no es opuesto al de estos niños. Los padres están peleando por mantener su legado cultural. Si ello implica llevarlos a protestar, no hay ninguna ilegalidad cometida, pues la autonomía en la entrega de Educación no es una prerrogativa de los poderosos no más, manifestada en la opción de elegir escuela que los padres pobres no tienen, sino que es un derecho tan integral como lo es el concepto de Educación.

En definitiva, la protesta no es un acto ilegítimo, ni tampoco lo es la participación de niños en ella. Acá estamos ante el ejercicio de un derecho constitucional de los padres y supraconstitucional de los niños. El cómo la autoridad lo está quebrantando debería ser la noticia. De hecho, lo ha sido gracias a las cámaras que los propios ciudadanos han usado para grabar los atropellos recientes. Ojalá cada vez existamos más ciudadanos como quienes protestan y denuncian, es decir, chilenos concientes y no temerosos de nuestros derechos.

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