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ya que ayer no me dejaba seguir, lo hago hoy....


Basta con relacionar a los inculpados con cualquier persona u organización que en el pasado haya actuado en la legalidad defendiendo el proyecto independentista para ser considerado un terrorista. Basta con compartir el proyecto estratégico de la independencia y el socialismo -aun cuando se condene los métodos violentos para lograrlo y se opte por las tácticas del Mahatma Gandhi- para que todo el peso de la «justicia» caiga sobre los acusados.

Pensar o soñar son delitos imperdonables. Mediante esta monstruosidad jurídica se pena a la persona, no a sus actos. El corolario de esta retrógrada concepción es una justicia que no reconoce el habeas corpus, traba la acción de los abogados defensores, impide la presencia de un médico de confianza, establece cinco días de incomunicación sin notificar a los familiares el paradero del detenido, legaliza la tortura y el maltrato, y somete a juicio a los inculpados fuera de la jurisdicción ordinaria, en un tribunal de excepción heredado de la época franquista. (nota: aparte de otros métodos de tortura más sutiles: como la dispersión, y la pérdida de privilegios que tienen otros presos).

Las violaciones a los derechos humanos que Madrid perpetra a diario en Euskadi son irremediablemente incompatibles con la democracia. Pruebas: uno, el juez de la Audiencia Nacional que lleva la causa, Fernando Grande-Marlaska, rechazó la petición de los abogados defensores para que se aplique a los detenidos el «Protocolo Garzón», que requiere que sean asistidos por un médico de confianza, que el periodo de detención sea grabado y que los familiares sean informados en todo momento sobre el paradero y estado de los arrestados. Por algo lo habrá rechazado. Dos: sorprende comprobar que en ciertos aspectos el Gobierno español hace lo que ni la dictadura argentina se atrevió a hacer. Por ejemplo: prohibir la exhibición pública de fotografías de las víctimas de la represión que hacían los familiares, amigos y los movimientos de solidaridad, una manera sutil por la cual se quería hacer «desaparecer» personas, menos criminal que la que conocimos en la Argentina pero también violatoria de los derechos humanos. Por eso en muchos bares, de esos que proliferan en toda Euskal Herria, las fotos de los independentistas detenidos en las cárceles españolas fueron reemplazadas por sus siluetas faciales.

Al criminalizar la disidencia política y la aspiración independentista el Estado español vuelve a hundirse en sus peores tradiciones, sintetizadas en el nefasto maridaje entre la cruz y la espada. Tradiciones que durante tres siglos padecieron los pueblos de Nuestra América después de la conquista y que, en la Argentina, reapareciera en el discurso y la práctica de la dictadura militar: matar a los subversivos, a sus colaboradores, a sus simpatizantes, a los indiferentes, y a los tímidos. Una escalada infernal de muerte y destrucción que sumió a este país en un baño de sangre pero que, a la larga, fue derrotada por la capacidad de resistencia y de lucha de las víctimas.

A Madrid le convendría estudiar lo ocurrido en la Argentina, y tomar nota de dos grandes lecciones que deja nuestra historia: primero, que la represión tiene costos crecientes y decreciente eficacia disuasiva, y que por lo tanto no sirve para resolver ningún problema social o político como los que suscita la cuestión vasca; segundo, que si no detiene antes de que sea demasiado tarde la aplicación de la «fórmula Saint Jean» para enfrentar las aspiraciones independentistas de los vascos el futuro de los diversos pueblos y naciones que dificultosa y conflictivamente conviven en el estado español podría asumir las características de una tragedia de inéditas proporciones.

© Artículo publicado en www.atilioboron.com


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y bueno, algo que ya sabíamos, pero que alguno quizás no...

http://www.gara.net/azkenak/12/170036/eu/Marlaska-desvela-empleo-senal-movil-seguimientos



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